LA EMBAJADA DICE QUE SOY TERRORISTA

Por Javier Rodríguez Pardo

Cuando escribí el artículo “¿A qué vino Richard Miles a San Juan?” (1) la interrogación, como es de suponer, ocultaba la incógnita -el misterio de la pregunta indaga una respuesta implícita- y, aunque resulte obvio, pretendía sacudir la curiosidad y la reflexión que propone saber quién es Richard Miles y las razones de su visita.

Mi nota en cuestión -24 de junio de 2005- fue recogida por varios medios periodísticos locales y agencias de noticias (2), algunos sólo sorprendidos y otros, crispados en su fervor patriota, juzgaban al desnudar el texto, que la soberanía nacional había sido mancillada, pero fueron los menos. El artículo no ofrecía dudas: Richard Miles había declarado a los periodistas de la casa de gobierno de San Juan, que la audiencia con el entonces vicegobernador y ex presidente de la Cámara de Diputados de esa provincia, Marcelo Lima, se debió a sus funciones de primer secretario de la embajada de los Estados Unidos del área político militar, “responsable de las políticas de lucha contra el terrorismo y de las relaciones exteriores con la Argentina” y, sin habérselo requerido, se identificó aún mejor, “centralizo para el Departamento de Estado -dijo- toda la inteligencia referida a las provincias de Jujuy, Córdoba, Misiones y San Juan” (textual). (3) Rápidamente asociamos la triple frontera, la región estratégica que involucra al acuífero guaraní, la zona clave del noroeste que limita con Bolivia y Chile, sin perder de vista a Perú, el centro del país y finalmente la provincia cuyana, donde las corporaciones transnacionales aplican por primera vez el tratado binacional minero argentino-chileno de implementación conjunta, un tercer país que enajena más de 150 kilómetros de cada lado en la longitudinal cordillera de 4.441 kilómetros de frontera trasandina, con su cabecera de playa instalada en la Reserva de Biosfera de San Guillermo, Valle del Cura, San Juan, desde la última década del siglo pasado, en los yacimientos mineros polimetálicos de Barrick Gold. 

Mientras Richard Miles alardeaba y ponderaba sus funciones para el coloso país del norte, el vicegobernador Marcelo Lima no pudo, o no supo, ocultar el motivo real del encuentro y arremetió con expresiones como estas: “Uno de los problemas básicos que presenta nuestra provincia es que el 80% está constituida por montañas y serranías y sólo el 20% está destinada al agro. Es por eso -aseveraba- que el proyecto agroindustrial que tenía la provincia está agotado. Esta situación -explicaba Lima repitiendo términos del gobernador José Luis Gioja- hace que San Juan proponga la extracción minera y elabore una política de verdadera inclusión social”. (4)
En la legislatura provincial el encuentro ocupó la atención de otros diputados presentes, pero en la soledad del despacho de gobierno, los diálogos incluyeron otras preocupaciones del diplomático norteamericano de la administración de George Walker Bush. 

Recorrí los pueblos de San Juan a partir del 23 de mayo de 2004; dos días después, el 25 de mayo me tuvo pregonando con megáfono en mano las razones por las que nos oponemos a la megaminería metalífera hidroquímica a cielo abierto, entre acordes de la fanfarria soldadesca en el desfile cívico militar de la fecha patria. Para junio de 2005, había transitado buena parte de la provincia de San Juan y todos los pueblos del Valle del Cura, departamentos de Iglesia y de Jáchal: Rodeo, Tudcum, Las Flores, el Valle de Pismanta, Huaco, Niquivil, etc., y la tercera y cuarta región de Chile, el Valle del Huasco donde en las altas cumbres comienza el territorio usurpado de Pascua Lama, y, más al sur, Pachón. Desde allí salté al Valle de Uco: municipio, escuelas e instituciones, comenzando por el pueblo de San Carlos y su rechazo absoluto al extractivismo devastador y contaminante. Enseguida instalamos el mensaje en la capital mendocina porque para entonces nadie había movido un músculo contra el flagelo extractivo. No puedo evitar describir, en primera persona, parte de esa actividad entre asambleas y autoconvocados que se iban formando contra las explotaciones mineras porque poco después me calificarían de fundamentalista ecológico, apreciación que no me quitaría el sueño aunque habría de ser el preámbulo de otro adjetivo más cáustico e incisivo, el de terrorista. 

Instalado en Tamberías, entregábamos casi puerta a puerta un mensaje que explicaba el impacto destructivo de la megaminería a cielo abierto, a propósito del plebiscito anunciado por el intendente y el Concejo Deliberante de Calingasta, y en Barreal acompañaba a los labriegos y agricultores surcando la siembra del ajo, quienes habrían de decidir la consulta popular. Por la tarde, en algún galpón de campo, pasábamos películas que apoyaban nuestro discurso. Varios informes míos recorrían las páginas de Internet: “La minería que amenaza a Calingasta”, “Negociar, el verbo de los Gioja” (16/6/2005), “El plebiscito del 3 de julio en Calingasta; delación, extorsiones y compañeros detenidos” (23/6/2005), son algunos de ellos. El Diario de Cuyo compulsaba que el rechazo a la explotación minera sería un hecho en Calingasta y anunciaba un mes antes que “el activista Javier Rodríguez Pardo se había instalado en la región.” (5)

Los directores de minería y de la policía minera de la provincia de San Juan irrumpían con frecuencia en las charlas de los asambleístas, acompañándose de matones que agredían y depreciaban de terroristas a los movilizados contra la megaminería contaminante. Lo que no imaginábamos en ese momento era la campaña orquestada por el gobernador José Luis Gioja, enviando a sus lacayos con ese tipo de epítetos, por las escuelas de la capital sanjuanina. El caso de la EPET N° 7 es el testimonio más elocuente: dos docentes me esperaban en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de San Juan, instantes previos a una conferencia sobre “Invasiones mineras” y me propusieron que la repitiera ante sus alumnos. .. “Le van a preguntar qué significa un terrorista de los setenta” -me tiran sin anestesia- y agregaron: “Hemos hecho una semana de debates socioambientales y exhibimos una película donde usted habla sobre la minería, tal vez el tema que más preocupa hoy a nuestros alumnos. Al día siguiente -como era lógico- quienes exponían eran funcionarios de minería del oficialismo; el gobierno -continúan las profesoras- decidió enviar al propio subsecretario de minería, Felipe Saavedra y al jefe de la policía minera, Mario Ghiglione. En un momento surge una fuerte discusión donde el ingeniero Ghiglione lo nombra a usted de mala manera y los alumnos salen a defenderlo. Ghiglione -continúan relatando las profesionales- alzando la voz y con saña dice (refiriéndose a usted), “yo lo conozco bien, sabemos quién es, un terrorista ecológico, un terrorista de los setenta… “, reforzando de ese modo un argumento descalificador. Los alumnos replican que “usted está difamando, denostando a Rodríguez Pardo” y el funcionario contesta: “Es un terrorista y lo denostaré aquí y donde sea”. 
No me sorprendía tanto ensañamiento si no fuera porque la campaña se origina en las oficinas del gobierno de San Juan, en el marco de recurrentes visitas del primer secretario de la Embajada de Estados Unidos, Richard Miles, miembro de la Central de Inteligencia Americana y “responsable de las políticas de lucha contra el terrorismo”, como el mismo diplomático supo anunciarse. El funcionario del gobierno sanjuanino había aprendido la lección de Miles pero no tenía su formación profesional, tal vez por eso no observó que semejante discusión en la Escuela Provincial de Educación Técnica N°7 había sido filmada por otro educador que registró claramente expresiones como “lo denostaré aquí y donde sea”, ignorando el funcionario minero que el término denostar significa para cualquier diccionario de la lengua castellana, “injuriar gravemente”. Lo llevé a juicio, presenté una denuncia penal, acompañando copia del video, contra el jefe de la policía minera de San Juan e hice responsable al gobierno de esa provincia de mi integridad física; fue radicada el 7 de julio de 2005 en el Primer Juzgado Correccional de la Provincia de San Juan, causa 273/05 “por reiteradas injurias y amenazas hacia el ecologista Javier Rodríguez Pardo”, y tuvieron que publicar “la reparación”, no sin antes vivir complicados contratiempos y visitas costosas a la provincia, desaparición del video de las oficinas judiciales, reincorporar copias, reuniones de conciliación, etc. (6)

En los medios de prensa dije con insistencia que en el “nosotros sabemos quién es”, voceado por el ingeniero, designado policía del sector para controlar a las mineras, se halla el dictado del especialista del norte, la embajada dice que soy un terrorista. Ghiglione es un guiñol en manos de la transnacional Barrick Gold y el propio Miles también es una marioneta de un teatro global dirigido por las corporaciones, responsables del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, mentor de la Ley antiterrorista de reciente aprobación) (7). 

Poco después tuve que escribir otro informe relacionado; el tema se precipitaba y los personeros de Washington recalaban en el país, en los territorios alzados contra la megaminería hidroquímica a cielo abierto. El nuevo informe fue “¿A qué vino Hugo Llorens a Esquel?”. Pero para obtener una respuesta primero debemos presentar al personaje. Parte del currículo de Llorens define su apego turístico por nuestra cordillera andino-patagónica: Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el rango más alto dentro de la delegación en el país. Llorens aterriza en Buenos aires en agosto de 2003, proveniente de Washington DC. (En mayo, tres meses antes, el New York Times citaba en sus páginas a pobladores de la ciudad de Esquel durmiendo sobre una montaña de oro, sorprendiéndose porque el 82% de ellos había rechazado dinamitar sus rocas). 

El diplomático quiso camuflarse como turista recorriendo lagos y pistas de esquí, confundiéndose con un pueblo cuya mayor preocupación es la sostenibilidad del hábitat que eligió como destino de vida. Llorens en realidad portaba el cargo de Director de Asuntos Andinos del Consejo Nacional de Seguridad (de su país), Jefe de Asesores de ese departamento de inteligencia, responsable de aconsejar al Departamento de Estado de la Unión en todos los asuntos relacionados con Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. Anteriormente se desempeñó durante tres años como jefe del Consulado General de los Estados Unidos en Vancouver, Canadá. Allí fue el creador de una novedosa multiagencia denominada “Centro de Control de Aplicación de la Ley”, con apertura de oficinas del FBI (Federal Bureau of Investigation) y, entre otras obligaciones patrióticas, figuraba la de trabajar mancomunadamente con sus pares canadienses en pesquisas de lucha contra el terrorismo y delitos internacionales, función para la que le vino bien su máster en Ciencias de Seguridad Nacional del National War College. Es curioso pero no puedo dejar de asociar que la minera canadiense Meridian Gold, expulsada por la población de Esquel, también tiene sede en Vancouver. 

Estos relatos y la Ley antiterrorista son concomitantes, como lo son Bush y la Barrick Gold o el chileno José Antonio Urrutia mentor del leonino tratado minero binacional, que autoriza la explotación del complejo extractivo Pascua Lama en la Cordillera de los Andes. 

La intervención de los Bush en la administración del poder norteamericano fue meteórica después de la Segunda Guerra Mundial y la evolución financiera de la familia es paralela con ese poder. La corporación financiera de los Bush se expuso, muy a su pesar, a través del Consejo de Asesores de la minera Barrick Gold y las transnacionales de la familia comenzaron a sonar fuera de Watergate, al maniobrar usando el dominio de la CIA o el poder ejecutivo de los Estados Unidos. George Bush es uno de los miembros principales del Grupo Bilderberg junto con Henry Kissinger, David Rockefeller, el banquero James P. Warburg, entre otros intocables que digitan el poder global; para ellos, planificar con tiempo es la consigna que mejor ejecutan. Nada dejan al azar.

La Ley antiterrorista 26.268 nace en Argentina en 2007, dos años después de estos relatos, tipificando los delitos de “asociación ilícita terrorista” y el de “financiamiento del terrorismo”. Me pregunté desde entonces qué hubiera ocurrido en San Juan cuando llevé a juicio a los funcionarios de gobierno y, en todo caso, cuál hubiera sido su defensa (¿o tal vez la mía?) de haber contado con esta Ley, que hoy en el año 2012 vuelve a hegemonizar titulares, incorporando al Código Penal delitos que -según preconizan- pudieran afectar el orden económico y financiero y “actividades delictivas con finalidad terrorista”, encajando en esas consideraciones cualquier movimiento social de oposición al gobierno o las resistencias populares que bregan contra industrias contaminantes, y con el razonamiento de algún juez capaz de interpretar, penalmente, que tal acción implique aterrorizar a la población. En realidad, cientos de acciones en las que se ven involucradas las comunidades afectadas por la megaminería hidroquímica a cielo abierto pueden ser consideradas como hechos terroristas según la caprichosa redacción de la Ley, conforme al humor del juez de turno o a la disposición de la corporación implicada, en términos de esta legislación. A aquel que intente frenar al fumigador de tóxicos en campos aledaños a centros urbanos y colegios -hecho habitual- le puede comprender las generales de esta Ley que supuestamente nace para castigar a las mesas de dinero clandestinas y al lavado de dinero. No digo nada nuevo, que no se haya dicho ya; los juristas a favor y en contra coinciden en que la redacción de la Ley sugiere interpretaciones penales tan amplias que la potestad represiva del Estado no tiene límites. Lo curioso es que se trata de un Estado que años antes le abrió las puertas a las corporaciones transnacionales legislando exenciones impositivas, subvencionándoles insumos y facilitándoles el saqueo de los bienes comunes (conocidos como recursos naturales) críticos y estratégicos; la Ley antiterrorista va en pos de la licencia social que requieren estos grupos corporativos para poder operar en paz en países confiables. Esta Ley concebida por el grupo económico de los siete países dominantes (GAFI) es el resultado de extorsiones solapadas, canjeándola por inversiones y calificaciones financieras, pero en la práctica posee un poder represivo enorme.


En el San Juan de 2005, la embajada le dictaba letra antiterrorista al gobernador sanjuanino del saqueo extractivo que, sin el mínimo recato, instruyó de igual modo a sus secuaces. Mientras tanto las corporaciones transnacionales, con paciencia, iban a obtener el instrumento legal represivo: una norma jurídica redactada, legislada y sancionada por un gobierno de la democracia, autodefinido nacional, popular y progresista. 


Consolidaron el marco jurídico de una Ley que transita entre las sombras de un pasado tenebroso: el miedo, han instalado el miedo a través de la palabra escrita de la ley. "Es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas. El GAFI recomendó que esta Ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta Ley antiterrorismo" (9) 

El discurso de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en el Council on Foreign Relations (CFR) Consejo de Relaciones Exteriores, en julio de 2009, en el recinto que la influyente institución privada inauguró en Washington D.C, blanqueó el poder político de la Casa Blanca y del Pentágono. 

El CFR, fundado en 1921 con sede en Manhattan, Nueva York, gobierna el accionar de la Casa Blanca después de discutir políticas en el Pentágono.

Se conoce a gran parte de sus miembros pero se ignora quién maneja realmente las oficinas que dictan los movimientos del poder ejecutivo y de sus asesores. Hillary Clinton dijo que estaba feliz de que el CFR haya creado “un puesto de avanzada en la capital norteamericana porque le evita el traslado hasta Manhattan para recibir instrucciones”. (Increíble, pero así se expresó).

No anduvo con vueltas: “Estoy encantada de estar aquí -dijo-, en esta nueva sede central. Ha sido frecuentemente -supongo- el barco nodriza en la ciudad de Nueva York, pero es bueno tener una sede del Consejo aquí mismo, en la calle del Departamento de Estado”. 

En pleno discurso, la ex primera dama de los Estados Unidos y actual Secretaria de Estado de Barack Obama abundó en elogios hacia el organismo, al reconocer que el gobierno “obtiene muchos consejos del CFR, y esto significa que no tendré que ir tan lejos para que se nos diga qué deberíamos estar haciendo y cómo deberíamos pensar acerca del futuro”. El CFR -no lo oculta- intercambia reportes con la Fundación Rockefeller semanalmente. Su interrelación y dependencia con la dinastía de los petroleros es innegable. Las corporaciones que ejecutan la actividad extractiva en el mundo dictan desde allí sus políticas globales. 

La confesión de la señora Clinton no deja bien parada a la administración Obama, ni al propio ejecutivo de la política de los Estados Unidos, pero el presidente también es un acólito del CFR. Casi todos los nombramientos de Obama, al asumir la presidencia, responden a gente del Consejo y del grupo Bilderberg. A través de ellos se controla todo el aparato político, militar y de seguridad de los Estados Unidos (la National Security Council y el Departamento de Estado por ejemplo) (10).

No causó sorpresa que poco después del arribo a nuestro país de los agentes de la inteligencia norteamericana, los lacayos funcionarios locales tildaran de terroristas a los militantes contra la megaminería. A la semana siguiente de la reunión de Richard Miles con las autoridades sanjuaninas, tal como describo aquí y como se denunció oportunamente, las huestes del oficialismo gobernante me tildaron de terrorista: la embajada dice que soy terrorista.

Javier Rodríguez Pardo, DNI 93.930.336, MACH-RENACE-Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC),
machpatagonia@gmail.com, Celular: 54 (11) 1567485340

1.- ¿A qué vino Richard Miles a San Juan?, Rebelión, 16/07/2005, www.rebelion.org
 Ecoportal.Net, 8/07/2005, www.ecoportal.net / La Sétima, Periodismo de anticipo, 12/08/2005. 

2.- R-P ¿A qué vino Richard Miles a San Juan? lists.econ.utah.edu/pipermail/reconquista-popular/
¿A qué vino Richard Miles a San Juan? Agencia DIN adin-noticias.blogspot.com/2005/
Rebelión. ¿A qué vino Richard Miles a San Juan? www.rebelion.org/noticia.php
www.tiwy.com/foro/esp

Vienen por el oro, vienen por todo, Javier R. Pardo, Ediciones Ciccus, 2009; capítulo V (La nave insignia de las invasiones mineras). 

Minería: ¿A qué vino Richard Miles a San Juan? - Ecoportal.net www.ecoportal.net/content/view/full.

Mines and Communities - 28-05-2005- www.minesandcommunities.org: Popular consultation about mining approved in Argentina. 

3.- La Cámara Hoy, edición oficial legislativa: www.legsanjuan.gov.ar, 21/06/2005 
/www.legsanjuan.gov.ar/indexprensa; y medios de prensa Diario de Cuyo, El Zonda y Huarpe.

4.- La Cámara Hoy, edición oficial legislativa: www.legsanjuan.gov.ar, 21/06/2005 /www.legsanjuan.gov.ar/indexprensa. /www.machpatagonia.com.ar

5.- “…Ya está instalado en Calingasta el ecologista Javier Rodríguez Pardo, que integra el Movimiento Antinuclear de Chubut (Mach) y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), según dijeron las fuentes oficialistas Rodríguez Pardo es uno de los portavoces del no a la minería...”, (Daniel Tejada, Diario De Cuyo, 21/05/2005, Minería: Desembarca el oficialismo en Calingasta). 

El Pregón Minero Nº 1.289 - 23/05/2005. “Minería: Desembarca el oficialismo en Calingasta, luego de la arenga del gobernador José Luis Gioja a la tropa.”

Mines and Communities -28-05-2005- www.minesandcommunities.org: Popular consultation about mining approved in Argentina. 

“El pueblo rechaza decisión Junta Electoral del gobernador Gioja” J. R. Pardo, 28/05/2005. (Cuarta Vía 30/5/2005).

6.- “Causa penal por injurias y amenazas” y “En San Juan no hay libertad de prensa”, revista La Séptima, Periodismo de Anticipo, San Juan 12/08/2005, Año XVI N° 676. 

 Ver Ecoportal.Net, noticias y denuncias de la semana (210), 19/07/05 y Diario de Cuyo,www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia, 21/05/2005

 7.- El GAFI fue creado en 1989 en París, en la reunión cumbre del grupo de los siete.

8.- Vienen por el oro, vienen por todo, J. Rodríguez Pardo, Editorial Ciccus, capítulo IV pág. 138. (2009).

9.- Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

10.- Fragmento del libro Las vías del saqueo (de próxima edición), autor J. Rodríguez Pardo.